Sep 262012
 

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¿Qué le ha sucedido al criterio editorial del TLS (Times Literary Supplement)? ¿Qué diantre llevó al editor a encargar como reseña de El holocausto español de Paul Preston la patochada condescendientemente insultante de un apologeta profranquista como Michael Seidman?

Aparte de quejarse sobre el “descrédito hacia el capital moral de los nacionales” de Preston, la objeción principal de Seidman parece ser el uso del término “holocausto” para describir la carnicería provocada por los “oficiales rebeldes, pronto ayudados por Hitler y Mussolini” (implicando que ninguno de sus regimenes habrían sido cómplices de sus planes para derrocar a la República). Esta objeción al vocablo holocausto es, o bien una pedantería académica, o bien un medido intento político por parte de Seidman de apropiarse de manera excluyente e incontestable del término para su aplicación exclusiva a las víctimas judías del antisemitismo nazi — a costa de los otros 5, 6, o 7 millones de víctimas de la máquinaria asesina nazi: antifascistas (judíos y gentiles), intelectuales, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales, testigo de Jehová, gitanos, disminuidos psíquicos o físicos, etc… entre enero de 1933 y mayo de 1945.

Es todavía hora de que me vea abrumado por la supuesta “avalancha de estudios recientes” sobre la que Seidman escribe y que “desafía” los “anticuados puntos de vista” de Preston sobre la represión en la zona republicana, considerándola

“parte de un intento altamente deliberado y calculado para eliminar “fascistas” (en un sentido muy amplio del término), derechistas y clero, quienes eran percibidos como quintacolumnistas y potenciales obstáculos a la revolución obrera o popular. Los asesinatos estaban estrechamente ligados, y normalmente bajo la aprobación de la izquierda, de los socialistas, comunistas y anarquistas”.

Cómo puede Seidman (o cualquier otro autor para el caso) concluir que existió tal conspiración, entablada entre grupos tan dispares y enfrentados dentro de la “izquierda”, no acierto a adivinarlo y da una impresión muy pobre de su comprensión de la historia, la política y la cultura de la España de entreguerras. Si un complot así hubiera existido, sus líderes nacionales y regionales se habrían centrado en sus propios disidentes —militantes de base e intelectuales que se enfrentaban a la hegemonía de partido­— y no en desconocidos quintacolumnistas tras las líneas republicanas, que frecuentemente se habían afiliado a sindicatos, incluyendo la CNT, y a partidos socialistas y comunistas, y que a menudo destacaban como los más “radicales” de entre los militantes.

Seidman habla como si todo hubiera empezado en 1936. Asesinato y disturbios en ambas partes: de acuerdo. Horribles asesinatos llevados a cabo por rencor, interés propio, beneficio económico, etc… cubrieron el todo el espectro. Nadie quedo libre de estas lacras: de acuerdo; y como cuento en los tres volúmenes de mi reciente obra ¡Pistoleros! – 1918-24 no fueron pocos tampoco los involucrados dentro del campo anarquista.

Sin embargo, las cifras que presenta Seidman referentes al período comprendiendo el “conflicto español” (debo asumir que con esto se refiera a los años de la guerra civil, 1936-1939) muestran una proporción de 13 a 5 en las muertes ocasionadas favorable a los nacionales (fascistas, católicos autoritarios y ultranacionalistas españoles). Esto último explica porqué generales como Cabanellas — que fueron masones y/o republicanos bajo la monarquía y los primeros tiempos de la República — se metamoforsearon en “fascistas” en 1936. ¿O quizás respondieron siempre a la misma mentalidad autoritaria? Un modelo que compartieron con muchos “republicanos nuevos” (monárquicos hasta poco antes) y que explica sucesos como la sangrienta represión en Castilblanco en 1931, en Arnedo en 1932, en Casas Viejas en 1933, etc… y el establecimiento de la Guardia de Asalto como fuerza policial destinada solo al orden público. El infame “republicano” y masón  Eduardo López Ochoa dirigió el aplastamiento y represión de la revuelta en Asturias de 1934. “Republicano” no fue necesariamente sinónimo de “izquierdista” o incluso “liberal”. De aquí el escepticismo en las filas de la CNT. En su artículo “April to April” (KSL Bulletin), Melchor Rodriguez da cuenta de aquellos que perecieron a manos de las fuerzas de seguridad de la nueva República.

Una idea tergiversadamente romántica de la República nos impide ver sus más cortantes aristas tal y como las conocieron las clases trabajadores y los pobres. La Iglesia, las clases acaudaladas y los ultranacionalistas podían sentirse ultrajados por alguna de la retórica y legislación de la República, pero nunca debieron sufrir las porras, balas y fuego de artillería como sí sufrieron los obreros. ¿Acaso se castigó al General Sanjurjo, después de su intento de golpe contra la República en 1932 tan severamente como al campesino Seisdedos o a los mineros y campesinos de la revuelta del Alto Llobregat? Sería interesante contemplar los detalles de la diferencia de rasero.

La República no hizo un delito de la mera desafección, a no ser que se tradujera en la práctica en forma de deserción, obstrucción, u oposición activa. Pero mediante la Orden 108 franquista de la Junta de Defensa Nacional (13/09/1936) se articuló la confiscación de los bienes de aquellos considerados “directa o indirectamente responsables, por acción o incitación” de oposición al Movimiento Nacional.

La Ley de Responsabilidad Política del 9/02/1939 (que establecía la confiscación de bienes) se aplicó retrospectivamente a hechos acontecidos hasta octubre de 1934 (que debe ser una especie de “clave” en la mente del legislador— ¿por qué no 1931, 1932 o 1933?), y en el caso de que el acusado hubiera fallecido entretiempo, toda responsabilidad y pena recaían sobre sus herederos o parientes. Dos tercios de estos procesos de confiscación caían sobre “culpables” miembros de la clase trabajadora, y la mayoría no podían ser llevados a cabo, no por piedad, sino por la falta de algo expropiable. Se aplicaban multas contra republicanos y demás asesinados en 1936. Al diputado socialista (PSOE) del Frente Popular Vicente Martin Romera (asesinado el 7 de agosto de 1936 en Madrid por orden del Coronel Cascajo) se le impuso un multa póstuma en la posguerra de 125.000 pesetas, que su familia tuvo que pagar para recuperar el  “libre acceso a sus propiedades”.

Las multas y las confiscaciones acompañaban frecuentemente (antes y después del hecho) a las ejecuciones. En Albacete a un 43 por ciento de los condenados en consejos de guerra se les abrió expedientes de Responsabilidad Política y un 80 por ciento de los castigados eran mano de obra campesina u obrera. En 1942 una modificación a esta ley reemplazó las sanciones económicas por inhabilitaciones hasta que la ley fue anulada el 13/04/1945, por lo que hace a nuevos procedimientos. Los que estaban en marcha siguieron hasta el 10/11/1966. No desearía dar una imagen romántcia de la República, pero (dejando de lado una breve hegemonía comunista) dudo mucho que hubiera llevado sus represalias hasta tales extremos.

En referencia a la insólita afirmación de Seidman en la que apunta que  “los nacionales podrían haber integrado más prisioneros de guerra en sus filas que cualquier otro bando beligerante en una guerra civil europea en el siglo XX”– ¿no se le ha ocurrido a Seidman que los prisioneros de guerra tenían pocas alternativas sobre el tema, más allá de optar por un pelotón de fusilamiento y la fosa común? Esta referencia al reciclaje nacionalista de prisioneros de guerra para su propio ejército intenta contrarrestar las acusaciones que vierte Preston sobre un “programa de exterminio”, ¿pero lo consigue? ¿En qué unidades fueron absorbidos? ¿Cómo fueron oficializados, disciplinados y desplegados? ¿En qué sectores se les desplegó? ¿A qué fuerzas republicanas se enfrentaron? ¿Alguna disuasión contra los que podían emprender la retirada? (¿Metralletas a la manera de Trotsky en la Guerra Civil Rusa o a la de Stalin en la Segunda Guerra Mundial?) ¿Cuál era su nivel de desgaste respecto a las unidades “voluntarias” o regulares del bando nacional? No lo sé. Simplemente planteo estas preguntas. En resumen, este reciclaje no debe verse necesariamente como opuesto a sus planes de exterminio, sino como parte integral de estos — utilizar al enemigo para aniquilar al enemigo mientras se limpia la propia retaguardia de los abiertamente desafectos). En su propio libro Republic of Egos, Seidman admite una escasez de mano de obra en la España nacional — una escasez de trabajadores, no de tropas.

Por lo que hace a lo que llama la “exculpación” de Preston hacia la izquierda española y su supuesta tendencia a exagerar la influencia soviética en la masacre de Paracuellos de conocidos o supuestos antirrepublicanos por parte de un variado grupo de izquierdistas, esa masacre parece haber emanado de, entre otros, Santiago Carrillo, antiguo miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y por entonces del Partido Comunista (PCE) — y poco hacía este sin el beneplácito del politburó y de los asesores del Comintern.

Las aseveraciones de Seidman sobre los carlistas catalanes en el ejército nacional, ¿no sugieren que existe una justificación en las sospechas sobre una quinta columna operando en las zonas rurales de Cataluña de donde procedían estos individuos, y de requetés que no pudiendo tener edad para servir militarmente en sus filas pudieran hacerlo de otro modo? Este hecho no excusa, pero de algún modo quizás explica, las acciones homicidas cometidas contra derechistas y clero católico.

Cuando (según Seidman) Preston sugiere que el “radicalismo” de los líderes republicanos era más retórico que real, el argumento está de más. El supuesto comentario del Presidente Azaña de “triturar el ejército” con sus reformas creó tanta (o quizás más) alarma y rencor en esos círculos como cualquier ataque violento. Lo mismo para la crítica jacobina y progresista de la Iglesia. La CEDA se formó a partir del deseo de defender los principios católicos independientemente del régimen, lo eterno contra lo circunstancial: de eso trataba el “accidentalismo” de la CEDA; lo (ir)real sobre lo formal. Un republicano observante de los valores católicos era bueno, un monárquico no cumpliéndolos, malo. Bueno, lo mismo sería aplicable a los valores libertarios o de izquierda, ¿alguna duda?

Preston quizás quita importancia a los ataques “callejeros” a la propiedad después de febrero de 1936, pero Seidman debería contemplar las mofas de “Comed República” durante el  bienio negro, la herencia de la represión de octubre de 1934, la severa limitación de los derechos sindicales, el fraglante coqueteo de la derecha española con el autoritarismo y el fascismo europeos, el ejemplo austríaco de 1934, etc… ¿No podría haber alguna posibilidad de que la calle se moviera por estas causas y por sus propios asuntos más que por la retórica de alguna lumbrera republicana? Tiene razón en lo que dice sobre la tendencia a restar importancia a la cara más dura de la lucha de clases, pero yo le preguntaría ¿cuán seguras estaban las vidas, libertades, prole y techo de los NO derechistas y de los NO propietarios? Como alguien que se especializa en los detalles más minuciosos de la revuelta en sus más incómodas manifestaciones que no cuadran en modelos ideológicos ideales, Seidman debería seguir la evolución de la vida de un obrero corriente en el período de 1923 a 1943 y remarcar las mejoras. Podrían no corresponder con los definidos marcos de República, Monarquía, Dictadura y (otra) Dictadura. Parece que sugiera desestimar lo formal para analizar lo REAL, pero si el enfoque de Preston se basa en una perspectiva “desde arriba”, mucho de esto va a perderse. La vida no se limita a la oratoria de los discursos o a la retórica de la letra escrita. La CNT se refería constantemente a los anónimos y habían actores y factores anónimos fuera de la CNT también.

La muerte de Calvo Sotelo fue desde luego un “asesinato a sangre fría”. ¿Cómo deberían definirse hechos como los de Casas Viejas y muchos otros similares? No fueron el gobierno o la judicatura quienes hicieron un escándalo de Casas Viejas, ¿cierto? ¿Qué tiene Seidman que decir de algunos “Francos” obreros empujados hacia la “revolución” por los hechos de Casas Viejas o la represión de alguna huelga?

Sobre la absolución de 15.000 casos en el período 1936-1938 por parte del Tribunal Militar Especial del Generalísimo que menciona, ¿cuántos de los incluidos en la lista de acusados estaban para entonces ya muertos, ejecutados, o fugados? Y otros 15.000 fueron confirmados y podemos presumir que seguidos de la correspondiente sentencia. Cita una disminución de las sentencias de muerte “después de 1941” (es decir, después de tres años de ejecuciones masivas) pero ignora cualquier otra “contextualización” como la Segunda Guerra Mundial (recordemos que en este tiempo Ramón Serrano Súñer argumentaba a los alemanes que España no tenía ningún interés por los rojos españoles que estuvieran en manos nazis), la dificultad de España en abastecerse de alimentos y el índice de mortalidad en las cárceles franquistas por enfermedad o hambre, agravado por la falta de atención médica y el uso regular de la tortura. Tanto mejor para las estadísticas si muchos de esos prisioneros murieron en otro lugar, desempleados y desempleables, en la lista negra, sin hogar, dependientes de la caridad de la Iglesia o de la sección de servicios sociales de la Falange, no precisamente el novamás de la misericordia. Y tampoco menciona el púnto álgido de las ejecuciones en 1947-1949, pasada ya una década de la guerra y después de todos los exilios, condenas y ejecuciones de la posguerra.

Por lo que hace a los comentarios de Seidman sobre las políticas rurales de los nacionales, ¿no podría ser que aún no hubieran vuelto los terratenientes que habían huido, que la mano de obra se veía decimada con tantos hombres sirviendo en el frente y que la oferta de incentivos a los campesinos “ocupas” pudo ser una estratagema provisional para el período de guerra hasta la recuperación de toda la tierra productiva? ¿Eliminar físicamente cualquier oposición, encarcelar a infractores menores, multa a cuantos sea posible, reclutar a los que estén en edad de servir y animar (!) al resto a aumentar la producción?

En 1957 Juan García Suárez fue ejecutado, no sin antes haber escrito el obispo de Canarias personalmente a Franco para recordarle las “miles de personas” que los “nacionales” habían matado en las islas. El obispo Pildaín escribió: “Al Muy Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado Español: Muy Excelentísimo Señor: Yo, Antonio Pildaín y Zapiain, obispo de la diócesis apostólica de Las Palmas, me veo obligado, como padre espiritual y pastor de las almas de los canarios, a solicitarle la conmutación de la pena capital sobre Juan García Suárez, condenado a muerte por un consejo de guerra. Tal muerte tendría un mal efecto en las Canarias, donde no sucedió nada, ya que todas las atrocidades cometidas aquí lo fueron por los nacionales y no por los republicanos. No desearía profundizar demasiado en este tema y recordarle a su excelencia todo lo que aconteció en esta isla, especialmente en la sima de Jinámar, donde fallecieron varios miles” (Santos Juliá [editor] Víctimas de la Guerra Civil, Temas de Hoy, pp. 335-336). Pildaín atendió a los historiadores José Luis Morales y Miguel Torres: “El obispo Pildaín nos mencionó que calculaba que unas 5.000 o 6.000 personas debían haber muerto en la zona. La mayoría sin haber dejado ni rastro.”

¡Comparemos el “no sucedió nada” con una proporción de 5.000 a 0 como índice de asesinatos por bando en las Canarias! ¿En qué momento estuvieron estas bajo amenaza militar? Si “no sucedió nada”, podemos dar por hecho que las islas cayeron sin ninguna resistencia notable. ¿Estoy siendo consistiendo en algún victimismo si pregunto sobre las implicaciones que esto tiene sobre los intentos de equiparar la violencia republicana con la nacional?

Podría seguir y seguir, pero simplemente no reconozco a los términos de referencia de Seidman, especialmente cuando argumenta que “Los contrarrevolucionarios españoles no llevaron a cabo una guerra racial contra los judíos, sino que se concentraron en combatir a los revolucionarios que amenazaban sus vidas, propiedades y fe”. ¿De quién habla? Franco y su cohorte de asesinos clérico-fascistas nunca fueron “contrarrevolucionarios”, fueron golpistas reaccionarios que — con la ayuda de la Alemania nazi, la Italia fascista e influyentes elementos del establishment británico — derrocaron a un gobierno republicano legítimamente elegido (se piense lo que se quiera de ese gobierno) y masacraron a un número que no sabemos exactamente de decenas de miles de inocentes — que no constituían amenaza alguna para sus vidas, propiedades o fe (como atestigua el Obispo Antonio) — en un intento de combatir su percepción de la “barbarie proletaria” y llevar a España a los valores católicos medievales de 400 años atrás..

No, de hecho, los “contrarrevolucionarios” durante la Revolución Española y la Guerra Civil fueron Azaña, Prieto, Negrín, Companys, Jesús Hernández, Federica Montseny, Mariano R. Vázquez, y todos los demás “notables líderes” del bando republicano; y su principal objetivo tras las líneas republicanas no fueron los fascistas, quintacolumnistas, curas y monjas, sino los miles de revolucionarios y militantes de base que, desde julio de 1936 hasta diciembre de 1937, desafiaron sus complots y maniobras para restablecer y consolidar el orden burgués.

La decisión de entregar el inestimable trabajo de Paul Preston sobre el holocausto franquista a la sofistería de un crítico tan descaradamente profranquista como Michael Seidman dice muy poco del actual rigor editorial del TLS, que disfrutó en otros tiempos de editores como Arthur Crook y John Gross (o subeditores principales como Nicolas Walter). ¿Qué se ha hecho de aquello de “serio” y “fiable”?

 Atentamente, Stuart Christie (Traducción de David Ferrer David Ferrer)

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